Decreto gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, como quiera que modifique el Decreto 1081 de 2015 – Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la República, en lo que hace referencia a las Comisiones Regionales de Moralización.

Lo anterior en consideración a que en la Ley 1474 de 2011, norma orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, dispuso en el artículo 65 de la misma, que en cada departamento se instalará una Comisión Regional’ de Moralización, encargadas de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y de coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, reglamentando el objeto, la composición, funciones y demás aspectos para su funcionamiento.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción orientada a fortalecer la transparencia en el tema de contratación pública. Se tratan aspectos relevantes como la fijación de un Plan Anual de Adquisiciones dentro de las entidades, lo cual permite la publicidad de los gastos y así mismo que los procesos de contratación y adquisición de bienes o servicios sean transparentes.

Dentro de sus principales aspectos, además de reglamentar el sistema de compra y contratación de las entidades, establece que las entidades estatales deben procurar el logro de los objetivos de dicho sistema, definidos por Colombia Compra Eficiente, así mismo se debe justificar mediante acto administrativo la modalidad de contratación directa, la posibilidad de utilizar el mecanismo de subasta inversa en los procesos de licitación pública, el plan anual de adquisiciones y el registro único de proponentes entre otras novedades

La norma en cuestión evita que los dineros públicos sean destinados arbitraria e indebidamente pues está dirigida a optimizar los procesos de contratación de las entidades, con el fin de que los dineros y recursos públicos utilizados sean aprovechados de manera eficiente y de esta forma se cumplan los objetivos de las entidades y los fines del estado.

Decreto que en particular no creo ninguna medida o disposición para la prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, sin embargo, corrigió algunos yerros existentes en la Ley 1472 de 2014, “Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

El Decreto 1185 de 2021 es una norma reciente, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los organismos del Estado, en particular está relacionado con la modificación de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Su importancia radica en que dicha modificación se realiza con base a lo estipulado en el Decreto 371 de 2021, el cual establece el Plan de Austeridad del Gasto durante la vigencia de 2021, como quiera que ha sido un propósito de este Gobierno efectuar una política de austeridad con eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, austeridad que debe predominar y debe ser impuesta en todos los órganos y entidades que hacen Parte del presupuesto general de la Nación, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción en el tema de nóminas paralelas y cargos innecesarios en la ´planta de personal, no solo en el Departamento Administrativo de la Presidencia, sino además en los diferentes niveles de la organización estatal.

El presente decreto por el cual se expide el decreto reglamentario Único de la Presidencia de la República es un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, normas que no requieren de consulta previa, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

De resaltar en el presente decreto, lo relacionado con los temas de transparencia y anticorrupción, en tal sentido establece la obligatoriedad de publicar el directorio de funcionarios públicos y contratistas, en el Sistema de Gestión del Empleo Público -SIGEP; de igual manera establece la obligatoriedad de publicar los contratos de prestación de servicios ante el SIGEP, sin perjuicio de la obligación de publicar la actividad contractual en el sistema electrónico para la contratación pública-SECOP. Por último, también se reglamenta el requisito de publicación de información contractual, en el sentido que todos los sujetos que contraten con cargo a los recursos públicos están obligados a publicar la información de su gestión contractual en el SECOP.

Con relación al tema de lucha contra la corrupción se establece en el Titulo 4, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, allí se reglamentan las estrategias, la metodología, el mapa de riesgos de corrupción, mecanismos de seguimiento, y publicación del plan anticorrupción, todo ello enmarcado en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2.”

Decreto de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientado a fortalecer las disposiciones previstas en la Ley 1474 de 2011, la cual trata sobre los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, así como los deberes y funciones del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en sus artículos 62, 69, 72, 73, 76 y 80. De igual forma el Decreto 958 de 2016 adicionó el Decreto 1081 de 2015.

De especial relevancia es que el artículo 66 de la Ley 1474 de 2011, norma orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, dispuso en el artículo 66 de la misma, crear y establecer la conformación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, de igual forma el artículo 67 de la misma Ley dispone que la designación de los comisionados ciudadanos de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción corresponde al Presidente de la República, de temas enviadas por cada sector.

A través del Decreto 958 de 2016 se efectúa la reglamentación de la Comisión Nacional Ciudadana, reglamentando la difusión del proceso de designación, la composición de las ternas de los comisionados y la provisión de vacantes.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer el tema del control fiscal y su correcta implementación, para tal fin se promulgó el Acto Legislativo 04 de 2019, “Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”, acto con el cual se modificaron los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política de Colombia. Dentro de su articulado cobra relevancia la creación del ejercicio de control fiscal concomitante y preventivo, el nuevo procedimiento administrativo sancionatorio fiscal previsto en el Titulo IX y el fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal contemplado en el título XIII.

El presente decreto por el cual se modifica a su vez el Decreto 1083 de 2015 es de importancia para el tema de lucha contra la corrupción, en el sentido que reglamento lo referente al Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

Sobre el tema de control interno, la Ley 87 de 1993 le asigna a los jefes e Control Interno entre otras funciones la competencia para verificar lo relacionado con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de las entidades; al igual el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como a los Organismos de control, todos los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.

Como novedad el presente decreto creo la Red Anticorrupción, integrada entre otros por el Jefe de Control Interno con el propósito de articular acciones pertinentes encaminadas a identificar casos de corrupción en las instituciones públicas; de igual forma se crean las acciones de la Red, siendo tal vez la más relevante el establecer estrategias para prevenir la materialización de prácticas corruptas al interior de las entidades, para revelar acciones que puedan comprometer los recursos públicos, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

El decreto 267 de 2000, de gran importancia para la organización y funcionamiento del control fiscal en Colombia, dicta normas sobre la organización y el funcionamiento de la contraloría general de la república.

Tal y como lo establece la naturaleza jurídica, la Contraloría General es un órgano de control del estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal; su misión es cumplir eficazmente cada una de las funciones asignadas por la constitución y la ley en representación de la comunidad, y dentro de sus objetivos se adiciona la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración, así como de los particulares o entidades que manejen fondos y bienes públicos. Para tal fin debe, además de la vigilancia, establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan a los sujetos de vigilancia, derivados del ejercicio de vigilancia y control.

En tal sentido es una norma de gran relevancia para combatir el fraude y la corrupción, en cabeza no solo de los funcionarios públicos sino de los particulares, personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización que recauden, administren, manejen o inviertan fondos y recursos del estado en detrimento de la cosa pública.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

En tal sentido el artículo 73 de la norma en cita, refiere que las entidades tanto de orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia. Para este fin dispuso la norma que, la metodología para hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 será la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”.