Resumen General

El presente documento responde a la necesidad de diseñar e implementar lineamientos de política pública encaminados a consolidar y poner en marcha un modelo Estado abierto, que promuevan un mejor desempeño de la administración pública. Lo anterior reconociendo la importancia de lograr una articulación efectiva de acciones de transparencia y acceso a la información pública, integridad, legalidad, participación ciudadana e innovación que garanticen un relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía

basado en la confianza y en el equilibro entre las expectativas ciudadanas y las respuestas

que brindan las instituciones públicas. Este propósito contribuye también al cumplimiento de compromisos y acuerdos internacionales que ha adquirido el país con su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030.

Las acciones propuestas en esta política y consignadas en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), estarán a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio del Interior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y el Archivo General de la Nación, y tendrán un horizonte de cuatro años empezando en 2022 y finalizando en 2025, con una inversión total aproximada de 3.006

millones de pesos que provienen del Presupuesto General de la Nación.

En materia de transparencia y acceso a la información, el país debe trascender lo dispuesto en las normas para garantizar que los servidores públicos tomen conciencia sobre la importancia de garantizar este derecho fundamental y se reconozca cómo este impacta efectivamente el goce otros derechos.

Frente a integridad pública, no existe suficiente información sobre el impacto de las medidas dirigidas a fomentar la integridad en el servicio público, considerando su carácter

reciente. En todo caso, entre los principales avances en materia de integridad, se cuenta el hecho de que un número importante de entidades nacionales y territoriales han adoptado efectivamente un código de integridad. No obstante, entre los principales retos de la aplicación de estas disposiciones, está el de concebir la integridad como un elemento amplio y transversal al servicio público, que impacta de manera directa el desempeño de las entidades públicas y, por lo tanto, redunda en el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes. De igual manera, es fundamental considerar la articulación de las disposiciones en materia de integridad con otros aspectos, como las disposiciones en materia de empleo público.

Respecto a la legalidad y la lucha contra la corrupción, se identificó que existe una dispersión y desarticulación por parte de las entidades del Gobierno en la realización de acciones anticorrupción, así como una asignación de tareas a diversas entidades sin la adecuada asignación de recursos. En el balance también se explicitaron algunos retos en materia de capacidad de gestión y coordinación entre entidades como Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otras. (Transparencia por Colombia, 2020).

En cuanto al diálogo y corresponsabilidad, un elemento fundamental del Estado abierto se centra en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, sobre este frente el país ha adelantado varios esfuerzos normativos. A pesar de los avances y esfuerzos, hay múltiples oportunidades de mejora en materia de involucramiento en la gestión pública de otros actores, distintos a los de la

institucionalidad pública. En particular, es necesario que las instituciones implementen los procesos de rendición de cuentas con convencimiento de sus bondades y no exclusivamente por obligación legal, pues esta cimienta, en gran medida, la confianza institucional. Así, hace falta avanzar en metodologías y herramientas innovadoras que hagan de estos procesos algo dinámico y atractivo para la sociedad civil y, al mismo tiempo, útil para las entidades públicas. Adicionalmente, debe trabajarse en generar procesos de corresponsabilidad con el sector privado, pues es un actor fundamental para el desarrollo económico y social del país y deben encontrarse los vasos comunicantes que permitan construir una visión conjunta de nación.

Referente a la innovación publica, se encontró que ésta enfrenta retos para su implementación y promoción, toda vez que el sector público cuenta con limitaciones de recursos, talento humano y su estructura tiende a ser rígida, lo cual genera limitaciones para implementar ejercicios de innovación. Lo anterior se ve reflejado en la ausencia de normativa suficiente relacionada con el tema, ya que, si bien existen propuestas para su fortalecimiento y su implementación, no existen criterios específicos en razón a que el tema de innovación es relativamente nuevo. Esto genera dificultades para la promoción de espacios y acciones de articulación entre el Estado y servidores públicos, así como entre Estado y ciudadanía, dificultando así el avance de ejes fundamentales para la consolidación de un Estado abierto.

Con respecto a los esfuerzos presupuestales para la transición hacia un Estado abierto, el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos incrementales orientados a generar y propiciar las condiciones necesarias para la consolidación de un modelo de Estado abierto. Concretamente, los esfuerzos del Gobierno nacional en esta materia han implicado la destinación de, por lo menos, 251.600 millones de pesos entre 2018 y 2021. Sin embargo, a pesar de los avances y el ambiente favorable para la transición efectiva hacia un Estado abierto que se han presentado en esta sección, dadas las condiciones de desarticulación normativa e institucional es necesario definir lineamientos para apalancar, impulsar, implementar o complementar los procesos que se vienen desarrollando por parte de las entidades, desde la óptica del Estado abierto.

La formulación de lineamientos de política para la transición efectiva hacia un Estado abierto responde al objetivo de transformar el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía, y la generación de confianza entre los actores de la sociedad, con el fin de fortalecer la democracia en Colombia.