Ley mediante la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal conocido como Sistema Penal acusatorio, la cual viene a reemplazar a la ley 600 de 2000 y sus leyes modificatorias, contribuyendo también, de acuerdo a su reglamentación; a la prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, sirviendo de medio para la imposición de las penas previstas en el Código Penal Colombiano.

En este sentido la ley 906 es un modelo de proceso penal garantista, el cual se adecúa dentro del sistema penal acusatorio, contrario al sistema previo que era inquisitivo. A su vez, esta ley trae aportes importantes al proceso penal como son; la creación del juez de control de garantías cuyas decisiones son más imparciales y, donde la fiscalía solo pasa a ser un sujeto procesal; en este sistema juegan gran papel las víctimas como sujetos intervinientes, así mismo tiene especial relevancia el papel de la prueba y su construcción, además se crea la figura del allanamiento y los preacuerdos como una forma de finiquitar los procesos. Por último, hay un avance importante en cuanto a la efectividad de las garantías procesales y la adecuada protección de los derechos fundamentales en comparación con lo dispuesto en la anterior legislación.

Cabe recalcar que esta norma ha sido modificada por leyes posteriores, pero en esencia continúa vigente en su integridad.

La expedición de la ley 850 de 2002, constituye tal vez el mayor logro en la lucha contra la corrupción, al crear las llamadas veedurías ciudadanas. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Dichas veedurías podrán ser constituidas por todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles, comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, o asociaciones sin ánimo de lucro.

Su importancia radica en la facultad de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados por las entidades públicas, teniendo además dentro de sus facultades la vigilancia de los procesos de planeación y contratación, la ejecución y calidad técnica de las obras y el denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

Se constituyen como los artículos más relevantes, el 6° (referente a los objetivos), el 15° (establece las funciones de las veedurías), artículo 16 (referente a los instrumentos de acción), entre otros, a través de los cuales se logran de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones.

El objeto de la ley 617 de 2000, no es otro que modificar expresamente el artículo 49 de la ley 617 de 2000, norma que tiene relación con las prohibiciones relativas a los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y miembros de Juntas Administradoras Locales (JAL),personas a las cuales les queda vetado pertenecer a juntas o consejos directivos en entidades tanto del sector central como del sector descentralizado. Tampoco pueden hacer parte de juntas directivas, ejercer la representación legal o revisoría fiscal de aquellas entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social.

Así mismo la ley contempla la prohibición para estas personas de ser designados funcionarios públicos del respectivo ente departamental o municipal, y no podrán ser contratistas de ninguna de las entidades, restringiendo su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Se exceptúan los nombramientos efectuados mediante carrera administrativa.

De esta forma se hace un aporte importante frente a la lucha contra la corrupción y la transparencia al extender las causales de inhabilidad e incompatibilidad a los cónyuges o compañeros permanentes de los servidores elegidos por elección popular.

La ley 734 de 2002, hasta el momento tiene especial relevancia en el marco de la lucha contra el fraude y la corrupción, por la ser la norma que estableció el sistema disciplinario en Colombia.

En tal sentido dispuso que el poder disciplinario preferente radica en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, pero como excepción estableció que corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus propias dependencias y para el caso de los funcionarios judiciales el titular de la acción disciplinaria será la jurisdicción disciplinaria.

La norma además de establecer jurisdicción y competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los funcionarios públicos y particulares que incurran en falta no solo por sus actuaciones y desempeño de sus funciones, sino además por casos de corrupción, para lo cual se establecen los deberes y derechos en cabeza de los funcionarios públicos y desarrolla el proceso sancionatorio, las faltas y sanciones a las cuales se hacen acreedor, quien incurra en falta disciplinaria por incurrir en comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

La ley 678 de 2001 ha sido de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, como quiera que reglamentó la responsabilidad patrimonial tanto de los servidores públicos, exservidores públicos y particulares que desempeñan o ejercieron funciones públicas y quienes hayan ocasionado en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial, permitiendo que el Estado a través del ejercicio de la acción de repetición recupere lo pagado como consecuencia de las condenas impuestas por los perjuicios causados.

Para tal fin se determinan aspectos procesales como la jurisdicción y competencia, establece un procedimiento similar al previsto para el procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa. Se establece igualmente el término de caducidad y se determinan los casos en que procede la conciliación judicial o extrajudicial para el pago de la condena.

La ley 617 de 2000 tiene importancia en la lucha conta el fraude y la corrupción, pues a través de ella se efectúa la categorización de los municipios, se imponen medidas en el tema presupuestal, gastos de funcionamiento y la racionalización del gasto público. Esta ley modifica parcialmente la Ley 136 de 1994 y se establecen nuevos requisitos en cuanto al régimen de inhabilidad e incompatibilidades para los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, así como al conflicto de intereses en sus actuaciones, la indebida destinación de recursos públicos y el tráfico de influencias, entendido a esta última como la práctica ilegal de utilizar influencias personales a través de conexiones con los administradores públicos, con el fin de obtener favores en interés suyo o de terceros o recibir tratamiento preferencial.

Particularmente para el tema de la lucha contra el fraude y la corrupción, tienen relevancia los artículos 31, 34, 38, 41, 43 y 48 entre otros, como quiera que aumenta las causales de incompatibilidad de esta clase de funcionarios y las consecuencias legales o jurídicas por su omisión o malas prácticas.

Norma de gran relevancia en el tema de la lucha contra la corrupción, que en su artículo primero define la responsabilidad fiscal como aquella que tiene por objeto resarcir los daños ocasionados al patrimonio público con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de servidores públicos que realizan control fiscal o de particulares que participen, incidan o contribuyan en la producción de los mismos, sanción que se ejecuta mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por entidad estatal afectada.

Igualmente se establece en la norma el proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan las Contralorías con el propósito de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

Ley mediante la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal como complemento a la expedición de la ley 599 de 2000, normas de gran importancia para la prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción.

En este sentido la ley 600 se adecúa dentro del sistema penal inquisitivo, entendido como aquél en donde el proceso inicia sin que exista previa acusación o denuncia alguna instaurada en contra de la persona procesada. Dentro de los artículos reglamentados tiene especial importancia que el desarrollo del proceso penal cursaba en su mayoría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, quien en cabeza de un fiscal delegado contaba con amplias facultades de policía judicial disponiendo incluso de la privación de libertad del investigado. Por otra parte en el Código penal se reglamentan las normas rectoras, la acción penal (es decir de quien es la titularidad), la acción civil para el resarcimiento de los daños causados por la conducta punible, también la forma en la que se lleva a cabo el desarrollo de la investigación, los principios que lo rigen, la jurisdicción y competencia, los sujetos procesales, deberes de los servidores públicos y de los sujetos procesales, la actuación procesal, los recursos de ley, las pruebas a practicar en el proceso, el desarrollo de la investigación e instrucción del proceso, la etapa del juicio o juzgamiento y, los juicios especiales ante el congreso y la forma de ejecución de las sentencias.

De resaltar que esta ley en su mayoría fue derogada y modificada por la ley 906 de 2004. Sin embargo, la ley continúa vigente para casos de fueros especiales.

Ley de gran importancia para el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, sancionando penalmente a quienes incurran en alguna en las faltas descritas, en aras de fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, además de los delitos de otro orden allí establecidos.

En este sentido el Código Penal consagra como delitos para combatir la corrupción, entre otros los siguientes: peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio: en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Particularmente, tiene gran importancia en la lucha contra el fraude y la corrupción, los delitos descritos en el capítulo I al capítulo VII, del Título XV, del Libro Primero de la Ley 599 de 2000, reglamentando conductas punibles como el peculado, concusión, cohecho, la celebración indebida de contratos a través de los tipos penales de Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, y el prevaricato. Art. 397 a 415.

Esta ley de gran importancia fue creada con el propósito de fortalecer los mecanismos participativos y democráticos en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, en tal sentido la Ley 489 de 1998, en sus artículos 34 y 35 entre otros, refuerza el marco legal, disponiendo que cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular a través de la creación de veedurías ciudadanas, la administración pública estará obligada a brindar el apoyo requerido para el ejercicio de este control. Igualmente establece el apoyo de las autoridades de control hacia las veedurías evaluando oportuna y diligentemente los correctivos que propongan para hacer eficaz su gestión, de igual forma recibirán el apoyo de entidades de carácter judicial. Por otro lado, como un mecanismo en la lucha contra la corrupción, las entidades que son objeto de control ciudadano deberán facilitar el acceso a la información, con excepción de aquella que se constituya materia de reserva judicial o legal.

Finalmente, esta norma establece el diseño y la promoción de acciones de formación a veedores para el control y fiscalización de la gestión pública en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública. Finalmente, como un mecanismo participativo en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, se impuso una fuerza vinculante a la administración y a los entes de control, lo que materializa de esta forma el ejercicio del control fiscal participativo con base en el trabajo de las veedurías ciudadanas.