Ante la necesidad del país de generar una política clara y unificada en materia de compras y contratación pública, se expidió el Decreto 4170 de 2011, norma a través de la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente como ente rector, que es una unidad administrativa espacial, la cual tiene como objetivo desarrollar e impulsar las políticas públicas, para regular y orientar a los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, para de esta forma conseguir una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Dentro de los objetivos se encuentra el desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, los planes, normas, instrumentos y herramientas que faciliten todo el proceso de compras y contratación pública de las entidades del Estado, promoviendo las mejores prácticas en el proceso de adquisición, para de esta forma cumplir los principios y procesos generales, que caracterizan y regulan la actividad contractual de las entidades públicas.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con su organización y administración, estructura de la entidad, funciones de la Agencia y de cada dependencia, adopción de la planta de personal y trasferencia de archivos. todo con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos sean bien distribuidos contribuyendo así a la transparencia en las compras y la contratación pública y a combatir la corrupción.

El presente decreto es reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, la que a su vez es una norma de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra la corrupción, orientada a fortalecer la efectividad del control de la gestión pública.

Para tal fin el decreto implementa la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; de igual forma establece los estándares que deben cumplir las entidades para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que en toda entidad pública debe existir una dependencia encargada de recibir y tramitar las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y estén relacionadas con el cumplimiento misional de la entidad, para lo cual le compete al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar, hacerle seguimiento a la estrategia.

El decreto 1784 de 2019, por el cual se modifica el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se constituye en una norma de gran relevancia para la organización y el funcionamiento de los órganos del estado, siendo el Departamento Administrativo de la Presidencia el más visible dentro de la organización del estado por asistir al Presidente de la República en calidad de jefe de estado y suprema autoridad administrativa, para lo cual en el mencionado decreto se determina el objeto, naturaleza y estructura, así como las funciones generales, encaminadas a fortalecer las funciones de articulación con las demás entidades del estado.

Tiene especial relevancia en este artículo la creación en su artículo 13 de la Secretaría de Transparencia, dependencia que tiene dentro de sus funciones principales, asesorar y asistir al Presidente, Vicepresidente, y al Jefe de Gabinete en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, coordinando su implementación y fijando las estrategias e implementación de indicadores de transparencia de las demás entidades de la administración pública. Así mismo compete a esta dependencia coordinar la implementación de compromisos adquiridos por Colombia en las convenciones e instrumentos internacionales sobre la lucha contra la corrupción. Así mismo fomentar la coordinación interinstitucional con las diferentes ramas del poder público y órganos de control para la ejecución de políticas de transparencia, elaborar los proyectos de ley o actos legislativos que someta el gobierno al congreso de la república en esta materia y en general elaborar estudios, indicadores y demás instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción.

Decreto gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, como quiera que modifique el Decreto 1081 de 2015 – Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la República, en lo que hace referencia a las Comisiones Regionales de Moralización.

Lo anterior en consideración a que en la Ley 1474 de 2011, norma orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, dispuso en el artículo 65 de la misma, que en cada departamento se instalará una Comisión Regional’ de Moralización, encargadas de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y de coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, reglamentando el objeto, la composición, funciones y demás aspectos para su funcionamiento.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción orientada a fortalecer la transparencia en el tema de contratación pública. Se tratan aspectos relevantes como la fijación de un Plan Anual de Adquisiciones dentro de las entidades, lo cual permite la publicidad de los gastos y así mismo que los procesos de contratación y adquisición de bienes o servicios sean transparentes.

Dentro de sus principales aspectos, además de reglamentar el sistema de compra y contratación de las entidades, establece que las entidades estatales deben procurar el logro de los objetivos de dicho sistema, definidos por Colombia Compra Eficiente, así mismo se debe justificar mediante acto administrativo la modalidad de contratación directa, la posibilidad de utilizar el mecanismo de subasta inversa en los procesos de licitación pública, el plan anual de adquisiciones y el registro único de proponentes entre otras novedades

La norma en cuestión evita que los dineros públicos sean destinados arbitraria e indebidamente pues está dirigida a optimizar los procesos de contratación de las entidades, con el fin de que los dineros y recursos públicos utilizados sean aprovechados de manera eficiente y de esta forma se cumplan los objetivos de las entidades y los fines del estado.

Decreto que en particular no creo ninguna medida o disposición para la prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, sin embargo, corrigió algunos yerros existentes en la Ley 1472 de 2014, “Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

El Decreto 1185 de 2021 es una norma reciente, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los organismos del Estado, en particular está relacionado con la modificación de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Su importancia radica en que dicha modificación se realiza con base a lo estipulado en el Decreto 371 de 2021, el cual establece el Plan de Austeridad del Gasto durante la vigencia de 2021, como quiera que ha sido un propósito de este Gobierno efectuar una política de austeridad con eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, austeridad que debe predominar y debe ser impuesta en todos los órganos y entidades que hacen Parte del presupuesto general de la Nación, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción en el tema de nóminas paralelas y cargos innecesarios en la ´planta de personal, no solo en el Departamento Administrativo de la Presidencia, sino además en los diferentes niveles de la organización estatal.

El presente decreto por el cual se expide el decreto reglamentario Único de la Presidencia de la República es un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, normas que no requieren de consulta previa, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

De resaltar en el presente decreto, lo relacionado con los temas de transparencia y anticorrupción, en tal sentido establece la obligatoriedad de publicar el directorio de funcionarios públicos y contratistas, en el Sistema de Gestión del Empleo Público -SIGEP; de igual manera establece la obligatoriedad de publicar los contratos de prestación de servicios ante el SIGEP, sin perjuicio de la obligación de publicar la actividad contractual en el sistema electrónico para la contratación pública-SECOP. Por último, también se reglamenta el requisito de publicación de información contractual, en el sentido que todos los sujetos que contraten con cargo a los recursos públicos están obligados a publicar la información de su gestión contractual en el SECOP.

Con relación al tema de lucha contra la corrupción se establece en el Titulo 4, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, allí se reglamentan las estrategias, la metodología, el mapa de riesgos de corrupción, mecanismos de seguimiento, y publicación del plan anticorrupción, todo ello enmarcado en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2.”

Decreto de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientado a fortalecer las disposiciones previstas en la Ley 1474 de 2011, la cual trata sobre los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, así como los deberes y funciones del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en sus artículos 62, 69, 72, 73, 76 y 80. De igual forma el Decreto 958 de 2016 adicionó el Decreto 1081 de 2015.

De especial relevancia es que el artículo 66 de la Ley 1474 de 2011, norma orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, dispuso en el artículo 66 de la misma, crear y establecer la conformación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, de igual forma el artículo 67 de la misma Ley dispone que la designación de los comisionados ciudadanos de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción corresponde al Presidente de la República, de temas enviadas por cada sector.

A través del Decreto 958 de 2016 se efectúa la reglamentación de la Comisión Nacional Ciudadana, reglamentando la difusión del proceso de designación, la composición de las ternas de los comisionados y la provisión de vacantes.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer el tema del control fiscal y su correcta implementación, para tal fin se promulgó el Acto Legislativo 04 de 2019, “Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”, acto con el cual se modificaron los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política de Colombia. Dentro de su articulado cobra relevancia la creación del ejercicio de control fiscal concomitante y preventivo, el nuevo procedimiento administrativo sancionatorio fiscal previsto en el Titulo IX y el fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal contemplado en el título XIII.