Esta ley mediante la cual se aprueba la ’Convención Interamericana contra la corrupción’’ tiene especial relevancia para combatir la lucha contra la corrupción, como quiera que a través de ella se aprueba una de las primeras convenciones o tratados internacionales como instrumento internacional para facilitar la cooperación internacional que promueva y facilite la lucha de este flagelo y, en especial incentive a tomar las medidas que sean necesarias ante la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que contribuya con la cooperación internacional frente a la corrupción de aquellas personas que en su actividad cometan actos de corrupción en ejercicio de funciones públicas, cuestión que azota a un sinnúmero de países.

Su importancia radica, además, en que busca la cooperación entre los diferentes estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, en interés de lograr unidad frente a la lucha contra la corrupción, lo anterior respecto de dictar políticas públicas y ciertas disposiciones internas que faciliten la detección de actos de corrupción y su futura erradicación, flagelo que se evidencia principalmente en ramas del poder público, sus entidades y respectivos funcionarios. Por lo anterior esta convención enuncia determinados actos de corrupción y un listado de medidas a impulsar en pro del bien común y el deber ser, en la lucha por combatir esta problemática social.

Esta ley está dirigida a tratar y reglamentar aspectos relacionados con el desarrollo de la administración pública y otras regulaciones respecto de aquellos servidores que ejercen funciones públicas. Aspectos dentro de los cuales resaltan; la estipulación del régimen de los servidores públicos, dentro del cual se tratan elementos como; los requisitos y condiciones que deben cumplir dentro del proceso de vinculación tanto las entidades como aquellos que aspiren a ocupar un cargo público; también se crea el SUIP (Sistema Único de Información de Personal), sistema y base de datos en donde se contempla y recoge información de quienes hayan ocupado un cargo público o hayan celebrado un contrato de prestación de servicios con entidad pública e incluso la hoja de vida de aquellos aspirantes no seleccionados.

Dentro de los deberes de las entidades se encuentra la planificación y fijación de un manual de funciones en el que se delimiten las actividades del funcionario en aras de garantizar la eficiencia y eficacia en las necesidades de cada entidad.

En esta ley se mencionan algunos incentivos con la intención de promover el empeño y dedicación de los servidores en el ejercicio de sus funciones y de esta manera cumplir con los fines de la administración de la mejor manera. Por último, a través de esta ley se realizan algunas modificaciones al código penal, en especial las relacionadas con sanciones a los servidores por actos de corrupción ayudando a castigarlos y aspirando a la no repetición en un futuro.

La ley 177 de 1994, es una norma muy corta, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los municipios, como quiera que modifica en varios artículos la ley 136 de 1994.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con requisitos para la creación de municipios, incompatibilidades para los concejales y alcaldes electos, temas relacionados con el funcionamiento de las Contralorías y Personerías municipales, como es la presentación y elaboración de sus presupuestos de gastos para ser presentado al Alcalde Municipal y ser incorporados al presupuesto general, por último estipula algunas inhabilidades para la elección de Contralor y de los Concejales, temas que indudablemente tiene por propósito reglamentar aspectos en la elección con transparencia tanto de los alcaldes como de los concejales, personeros y Contralores municipales, con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción, en los diferentes niveles del orden municipal.

La ley 136 de 1994 es una norma de gran importancia para la organización y funcionamiento de los municipios, señala en el artículo 167 que los organismos de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal en las entidades sujetos de control con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social. En igual sentido consagra normas sobre la transparencia, prevención de la corrupción y la sanción a conductas indebidas de los concejales en el ejercicio de sus funciones. Para tal fin se resalta de importancia lo previsto en los artículos 27, 32,45, 47, 48, 55, 61, 62 y 70 entre otros.

La Ley 134 de 1994, estableció normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Tiene especial relevancia el artículo 100 como quiera que allí se consagra la creación de las veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión pública, el resultado de la misma y la prestación de los servicios públicos.

Ley nacional que reglamenta el ejercicio de la actividad contractual pública, en tal sentido en el artículo 64 entre otros referente al tema de la corrupción, refiere que la Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes. De igual forma el artículo 66 establece que todo contrato que celebren las entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y el control ciudadano, para tal fin las asociaciones cívicas comunitarias de profesionales podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares involucrados en el proceso de contratación, que constituyan delitos, contravenciones o faltas. De igual forma establece como obligación de las autoridades competentes brindar el apoyo, la colaboración y el suministro oportuno de la documentación e información que deben prestar para que los ciudadanos puedan cumplir con esta tarea así como las asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual.

Esta ley trata sobre la organización del sistema de control fiscal financiero en Colombia y los organismos que lo ejercen, norma de gran importancia que reglamenta la vigilancia del control fiscal de las entidades, teniendo dentro de sus principales artículos el artículo 26 el cual señalaba la facultad de la Contraloría General de la Republica –CGR- de ejercer el control posterior, en forma excepcional, sobre cualquier entidad territorial, norma que a pesar de ser derogada por el Decreto Ley 403 de 2020, en el cual se reglamentó el fortalecimiento del control fiscal, aún reguila ciertos aspectos de importancia para el funcionamiento de las Controlarías.

Directiva presidencial de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema de la gestión pública, al exigir a los servidores públicos destinatarios de esta, reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Posibles actos de corrupción o irregularidades.

Para tal propósito los jefes de unidad de control interno, servidores públicos a quienes va dirigida deberán reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema del control fiscal. Para tal fin se fijan las normas sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, así mismo establece su estructura orgánica, su organización administrativa, su naturaleza, misión, objetivos, sujetos de vigilancia, dependencias y funciones. Tiene especial relevancia dentro de su estructura la creación de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

Dentro de los objetivos principales de la entidad, se encuentra el de ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia y control de la gestión fiscal tanto de las entidades y particulares que manejan fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y con respecto de todo tipo de recursos públicos y por último imponer las sanciones fiscales que correspondan como consecuencia de la vigilancia y del control fiscal.

Este decreto reglamenta; La Comisión Nacional para la moralización creada a través art 64 de la ley 1474 de 2011 y, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Por medio de este decreto se fija tanto la estructura, funcionamiento y conformación de ambas comisiones.

Por medio de este tipo de normas se busca implementar lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto a la creación de organismos tanto públicos como organismos privados (conformados por la ciudadanía) que contribuyan en la lucha contra la corrupción y reafirmen así, la cooperación entre estados con la finalidad de promover mecanismos y posibles soluciones que aporten en la reducción de este flagelo de gran dimensión.