Ley de gran importancia para el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la efectividad del proceso disciplinario.

La ley 2094 de 2021 le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para ejercer la vigilancia de la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas, pero en especial incluyó ante el vacío legal, la competencia para investigar los funcionarios de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley, como consecuencia de su acción u omisión.

Tiene especial relevancia la presente ley por la creación de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, la cual estará conformada por 3 salas, encargadas de conocer las etapas de instrucción y juzgamiento en procesos contra servidores públicos de alto rango, incluyendo a funcionarios de la propia Procuraduría General Nación; adicionalmente como novedad creó la sala disciplinaria de juzgamiento de los servidores públicos de elección popular.

La ley 2086 de 04 de marzo de 2021, es una norma muy corta, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los entes territoriales, como quiera que modifica algunos artículos la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012.

En particular autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras Locales por su gestión, cargos que son de elección popular, adicionalmente regula el funcionamiento de dichos entes.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con la regulación del número de miembros por comunas, la elección y periodo, honorarios devengados y su fuente de financiación, el derecho a la seguridad social y pensión, los actos administrativos que expiden, los periodos de sesiones durante la vigencia y las iniciativas que pueden presentar, temas que indudablemente tiene como propósito garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción, en los diferentes niveles del orden municipal.

Ley de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a sancionar a condenados por corrupción y delitos contra la administración pública.

La ley 2014 de 2019 tiene por objeto adoptar medidas para la sanción efectiva de los delitos cometidos contra la administración pública y de justicia, eliminando los beneficios penales y modificando el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, cuando se demuestre que a través de ellos hubo actos de corrupción.

Ley de especial relevancia, como quiera que con ella se efectúa la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de la presente vigencia. A través de ella se desarrollan las principales inversiones en todos los sectores económicos y sociales, se estipula el monto, la forma y como se distribuirá el Plan Nacional de Inversiones Públicas, garantizando que la función del Estado esté orientada al bien común en equidad y sus recursos estén dirigidos al beneficio social; en la Subsección 2 habla de Transparencia y Finanzas Públicas, de igual forma se define como objetivo del Plan de Desarrollo, sentar las bases de legalidad, transparencia, emprendimiento y equidad, con el propósito de conseguir igualdad de oportunidades para todos los colombianos.

En tal sentido determina como se efectuaran los procesos de selección para el ingreso a cargos de carrera y su financiación, así como los procesos de selección de vacantes en municipios de quinta y sexta categoría, proceso que se efectuara por la CNSC y serán adelantados por la ESAP; de igual forma determina que para empleos de nivel profesional los jóvenes no tendrán que acreditar experiencia profesional, adicionalmente dispone que el tiempo destinado por los estudiantes para culminar la práctica laboral como requisito para optar el título profesional o tecnológico, se contara como experiencia laboral.

En cuanto al tema de gobernabilidad, faculta al Presidente de la República para reorganizar y estructurar entidades como la Contraloría General de Republica y Consejo Nacional Electoral, se conceden facultades para fusionar entidades públicas del sector financiero y simplificar, reformar o suprimir aquellos procesos y procedimientos que son innecesarios en la Administración Pública. Por último, para el régimen disciplinarios de los funcionarios públicos prorrogó hasta el 1 de julio de 2021, la entrada en vigencia de la Ley 1952 referente al “Código General Disciplinario”.

Con la entrada en vigencia de la presente ley, existía el propósito, de modificar radicalmente el Código Único Disciplinario, ley de gran importancia para tratar el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer el proceso disciplinario, así como el poder disciplinario preferente radicado en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales.

La norma además de establecer jurisdicción y competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los funcionarios públicos y particulares que incurran en falta, amplio el termino de prescripción de la acción disciplinaria y desarrolla el proceso sancionatorio, las faltas y sanciones a las cuales se hacen acreedor, quien incurra en falta disciplinaria por incurrir en comportamientos que estén descritos como falta en la ley. Sin embargo, previo a su entrada en vigencia, esta ley es modificada por la ley 2094 de 29 de junio de 2021 que entra a regir a partir del 29 de marzo de 2022 en su mayoría, salvo el artículo 1 que entro a regir a partir del 29 de junio de 2021. razón por la cual no será aplicada en su integridad.

Es una ley de especial relevancia en el tema de la contratación pública, como quiera que en ella se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones; En particular efectuó modificaciones a los procesos de licitación pública para la adecuada escogencia de contratista de obra pública, de igual forma estableció responsabilidades a los interventores, consultores o asesores externos, como consecuencia de los incumplimientos a las obligaciones y al daño o perjuicio causado a la Entidad. En igual sentido consagra normas modificatorias de otras leyes y decretos reglamentarios relacionados con la transparencia y prevención de la corrupción, adicionando y modificando ciertas disposiciones como la ley 80 de 1993 (Estatuto de contratación Pública), la ley 1150 de 2007, ley 1682 de 2013, la ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, entre otras.

A través de la ley 1871 de 2017 se efectúan algunas modificaciones a la ley 617 de 2000 relacionadas con la organización de las asambleas departamentales, la remuneración y prestaciones sociales de los miembros de dichas asambleas, y en virtud de lo previsto en la constitución política establece unos derechos para los diputados en el tema prestacional.

Sin embargo, su importancia en el tema de la lucha contra la corrupción radica en lo establecido en sus artículos 6° 7° y 8° de la ley en cita, en cuanto regula las inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, reglando que estas se ciñen a las previstas en los artículos 34 y 35 de la ley 617 de 2000, relacionadas con las incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas. Igualmente, fija las prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los diputados, evitando que estos participen en el tema de la contratación pública del ente departamental, así como la prohibición de ejercer cargos públicos, con lo cual se evita el llamado tráfico de influencias y el favorecimiento. Conductas que constituyen delitos tipificados en el código penal, asociadas a la corrupción.

Ley mediante la cual se efectúan algunas modificaciones a la Ley 1708 de 2014 “Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”, y a la Ley 1615 de 2013, leyes destinadas a combatir la corrupción con ocasión del ejercicio de actividades ilícitas, entendiéndose el proceso de extinción como aquel que se efectúa a aquellos bienes que se encuentren en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 16 de la norma en cita; proceso a través del cual se efectúa la declaración de titularidad mediante sentencia a favor del estado, de aquellos bienes a los cuales se refiere esta ley, sin recibir el afectado contraprestación o compensación de naturaleza alguna, bien sea producto directo o indirecto de una actividad ilícita o que siendo de procedencia lícita, fueron utilizados como instrumento para ejecutar sus actividades ilícitas .

En la ley se reglamenta parte del proceso de extinción, señalando y adicionando artículos de ls Ley 1708 de 2014, en lo referente a temas como la publicidad, derechos del afectado, atribuciones de la Fiscalía General al de la Nación, los Sujetos Procesales, Intervención del Ministerio Público, Providencias o decisiones que deban notificarse, recurso de apelación y su trámite, acción de revisión, nulidades, procedencia y fines de medidas cautelares, entre otras…

Esta ley desarrolla en su integridad el Art 185 Constitucional, respecto de las normas disciplinarias que rigen a los congresistas en virtud de sus funciones legislativas. Este código dicta disposiciones importantes, entre las que destacan; los deberes de los congresistas, las conductas y las sanciones que pueden acarrear dichos servidores públicos, en igual sentido consagra normas sobre la transparencia y la sanción de conductas indebidas de los congresistas en el ejercicio de sus funciones; por último, trae consigo la acción ética disciplinaria en aras de garantizar la recta marcha del poder legislativo y el cumplimiento de la función congresional.

Mediante la ley 1807 de 2016, se crea el denominado Centro de Estudios Fiscales (CEF), como una dependencia de la Contraloría General de la República adscrita al despacho del contralor general.

El Centro de Estudios tiene como objetivo, realizar y fomentar la investigación y, la formación de alta calidad en materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, además de lo anterior se destaca dentro de sus funciones el desarrollar la investigación, propiciar espacios en la formación de actores y de talento humano altamente calificado en materias relacionadas con la gestión y el control fiscal. Como novedad, se destaca la organización de programas educativos para formar ciudadanos comprometidos con el cuidado y la vigilancia de la gestión de recursos públicos, contribuyendo a que la población sea vocera y actora directa en detrimento del flagelo de la corrupción, favoreciendo de esta manera la transparencia y vigilancia en el manejo del erario público.

La presente ley es de importancia para el tema de la contratación pública, como quiera que defina a las asociaciones público-privadas como un instrumento de vinculación de capital público privado, que se materializan por medio de un contrato celebrado entre una entidad estatal o pública y una persona de derecho privado, bien sea natural o jurídica, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, hecho que genera transferencia de riesgos entre las partes.

La presente ley es aplicable a todos los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado, tanto el diseño como la construcción de una infraestructura, como su construcción, reparación o mejoramiento y mantenimiento, actividad que involucra además su operación. Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con los procesos de selección objetiva para proyectos de asociación pública privada de iniciativa pública, allí se contempla que la celebración y ejecución de los contratos de Asociación Publica Privada se regirán por lol señalado en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en lo que regule directamente la presente norma.

En tal sentido con la expedición de la presente norma, se está garantizando que la función del Estado en el adecuado manejo de los recursos públicos, se orienten al bien común y se contribuya así a la transparencia y a combatir la corrupción, en las diferentes inversiones de iniciativa pública en los cuales exista interés de efectuar proyectos de Asociación Publica Privada.