Ley mediante la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal como complemento a la expedición de la ley 599 de 2000, normas de gran importancia para la prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción.

En este sentido la ley 600 se adecúa dentro del sistema penal inquisitivo, entendido como aquél en donde el proceso inicia sin que exista previa acusación o denuncia alguna instaurada en contra de la persona procesada. Dentro de los artículos reglamentados tiene especial importancia que el desarrollo del proceso penal cursaba en su mayoría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, quien en cabeza de un fiscal delegado contaba con amplias facultades de policía judicial disponiendo incluso de la privación de libertad del investigado. Por otra parte en el Código penal se reglamentan las normas rectoras, la acción penal (es decir de quien es la titularidad), la acción civil para el resarcimiento de los daños causados por la conducta punible, también la forma en la que se lleva a cabo el desarrollo de la investigación, los principios que lo rigen, la jurisdicción y competencia, los sujetos procesales, deberes de los servidores públicos y de los sujetos procesales, la actuación procesal, los recursos de ley, las pruebas a practicar en el proceso, el desarrollo de la investigación e instrucción del proceso, la etapa del juicio o juzgamiento y, los juicios especiales ante el congreso y la forma de ejecución de las sentencias.

De resaltar que esta ley en su mayoría fue derogada y modificada por la ley 906 de 2004. Sin embargo, la ley continúa vigente para casos de fueros especiales.

Ley de gran importancia para el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, sancionando penalmente a quienes incurran en alguna en las faltas descritas, en aras de fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, además de los delitos de otro orden allí establecidos.

En este sentido el Código Penal consagra como delitos para combatir la corrupción, entre otros los siguientes: peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio: en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Particularmente, tiene gran importancia en la lucha contra el fraude y la corrupción, los delitos descritos en el capítulo I al capítulo VII, del Título XV, del Libro Primero de la Ley 599 de 2000, reglamentando conductas punibles como el peculado, concusión, cohecho, la celebración indebida de contratos a través de los tipos penales de Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, y el prevaricato. Art. 397 a 415.

Esta ley de gran importancia fue creada con el propósito de fortalecer los mecanismos participativos y democráticos en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, en tal sentido la Ley 489 de 1998, en sus artículos 34 y 35 entre otros, refuerza el marco legal, disponiendo que cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular a través de la creación de veedurías ciudadanas, la administración pública estará obligada a brindar el apoyo requerido para el ejercicio de este control. Igualmente establece el apoyo de las autoridades de control hacia las veedurías evaluando oportuna y diligentemente los correctivos que propongan para hacer eficaz su gestión, de igual forma recibirán el apoyo de entidades de carácter judicial. Por otro lado, como un mecanismo en la lucha contra la corrupción, las entidades que son objeto de control ciudadano deberán facilitar el acceso a la información, con excepción de aquella que se constituya materia de reserva judicial o legal.

Finalmente, esta norma establece el diseño y la promoción de acciones de formación a veedores para el control y fiscalización de la gestión pública en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública. Finalmente, como un mecanismo participativo en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, se impuso una fuerza vinculante a la administración y a los entes de control, lo que materializa de esta forma el ejercicio del control fiscal participativo con base en el trabajo de las veedurías ciudadanas.

Esta ley mediante la cual se aprueba la ’Convención Interamericana contra la corrupción’’ tiene especial relevancia para combatir la lucha contra la corrupción, como quiera que a través de ella se aprueba una de las primeras convenciones o tratados internacionales como instrumento internacional para facilitar la cooperación internacional que promueva y facilite la lucha de este flagelo y, en especial incentive a tomar las medidas que sean necesarias ante la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que contribuya con la cooperación internacional frente a la corrupción de aquellas personas que en su actividad cometan actos de corrupción en ejercicio de funciones públicas, cuestión que azota a un sinnúmero de países.

Su importancia radica, además, en que busca la cooperación entre los diferentes estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, en interés de lograr unidad frente a la lucha contra la corrupción, lo anterior respecto de dictar políticas públicas y ciertas disposiciones internas que faciliten la detección de actos de corrupción y su futura erradicación, flagelo que se evidencia principalmente en ramas del poder público, sus entidades y respectivos funcionarios. Por lo anterior esta convención enuncia determinados actos de corrupción y un listado de medidas a impulsar en pro del bien común y el deber ser, en la lucha por combatir esta problemática social.

Esta ley está dirigida a tratar y reglamentar aspectos relacionados con el desarrollo de la administración pública y otras regulaciones respecto de aquellos servidores que ejercen funciones públicas. Aspectos dentro de los cuales resaltan; la estipulación del régimen de los servidores públicos, dentro del cual se tratan elementos como; los requisitos y condiciones que deben cumplir dentro del proceso de vinculación tanto las entidades como aquellos que aspiren a ocupar un cargo público; también se crea el SUIP (Sistema Único de Información de Personal), sistema y base de datos en donde se contempla y recoge información de quienes hayan ocupado un cargo público o hayan celebrado un contrato de prestación de servicios con entidad pública e incluso la hoja de vida de aquellos aspirantes no seleccionados.

Dentro de los deberes de las entidades se encuentra la planificación y fijación de un manual de funciones en el que se delimiten las actividades del funcionario en aras de garantizar la eficiencia y eficacia en las necesidades de cada entidad.

En esta ley se mencionan algunos incentivos con la intención de promover el empeño y dedicación de los servidores en el ejercicio de sus funciones y de esta manera cumplir con los fines de la administración de la mejor manera. Por último, a través de esta ley se realizan algunas modificaciones al código penal, en especial las relacionadas con sanciones a los servidores por actos de corrupción ayudando a castigarlos y aspirando a la no repetición en un futuro.

La ley 177 de 1994, es una norma muy corta, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los municipios, como quiera que modifica en varios artículos la ley 136 de 1994.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con requisitos para la creación de municipios, incompatibilidades para los concejales y alcaldes electos, temas relacionados con el funcionamiento de las Contralorías y Personerías municipales, como es la presentación y elaboración de sus presupuestos de gastos para ser presentado al Alcalde Municipal y ser incorporados al presupuesto general, por último estipula algunas inhabilidades para la elección de Contralor y de los Concejales, temas que indudablemente tiene por propósito reglamentar aspectos en la elección con transparencia tanto de los alcaldes como de los concejales, personeros y Contralores municipales, con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción, en los diferentes niveles del orden municipal.

La ley 136 de 1994 es una norma de gran importancia para la organización y funcionamiento de los municipios, señala en el artículo 167 que los organismos de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal en las entidades sujetos de control con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social. En igual sentido consagra normas sobre la transparencia, prevención de la corrupción y la sanción a conductas indebidas de los concejales en el ejercicio de sus funciones. Para tal fin se resalta de importancia lo previsto en los artículos 27, 32,45, 47, 48, 55, 61, 62 y 70 entre otros.

La Ley 134 de 1994, estableció normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Tiene especial relevancia el artículo 100 como quiera que allí se consagra la creación de las veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión pública, el resultado de la misma y la prestación de los servicios públicos.

Ley nacional que reglamenta el ejercicio de la actividad contractual pública, en tal sentido en el artículo 64 entre otros referente al tema de la corrupción, refiere que la Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes. De igual forma el artículo 66 establece que todo contrato que celebren las entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y el control ciudadano, para tal fin las asociaciones cívicas comunitarias de profesionales podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares involucrados en el proceso de contratación, que constituyan delitos, contravenciones o faltas. De igual forma establece como obligación de las autoridades competentes brindar el apoyo, la colaboración y el suministro oportuno de la documentación e información que deben prestar para que los ciudadanos puedan cumplir con esta tarea así como las asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual.

Esta ley trata sobre la organización del sistema de control fiscal financiero en Colombia y los organismos que lo ejercen, norma de gran importancia que reglamenta la vigilancia del control fiscal de las entidades, teniendo dentro de sus principales artículos el artículo 26 el cual señalaba la facultad de la Contraloría General de la Republica –CGR- de ejercer el control posterior, en forma excepcional, sobre cualquier entidad territorial, norma que a pesar de ser derogada por el Decreto Ley 403 de 2020, en el cual se reglamentó el fortalecimiento del control fiscal, aún reguila ciertos aspectos de importancia para el funcionamiento de las Controlarías.