Directiva presidencial de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema de la gestión pública, al exigir a los servidores públicos destinatarios de esta, reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Posibles actos de corrupción o irregularidades.

Para tal propósito los jefes de unidad de control interno, servidores públicos a quienes va dirigida deberán reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema del control fiscal. Para tal fin se fijan las normas sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, así mismo establece su estructura orgánica, su organización administrativa, su naturaleza, misión, objetivos, sujetos de vigilancia, dependencias y funciones. Tiene especial relevancia dentro de su estructura la creación de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

Dentro de los objetivos principales de la entidad, se encuentra el de ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia y control de la gestión fiscal tanto de las entidades y particulares que manejan fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y con respecto de todo tipo de recursos públicos y por último imponer las sanciones fiscales que correspondan como consecuencia de la vigilancia y del control fiscal.

Este decreto reglamenta; La Comisión Nacional para la moralización creada a través art 64 de la ley 1474 de 2011 y, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Por medio de este decreto se fija tanto la estructura, funcionamiento y conformación de ambas comisiones.

Por medio de este tipo de normas se busca implementar lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto a la creación de organismos tanto públicos como organismos privados (conformados por la ciudadanía) que contribuyan en la lucha contra la corrupción y reafirmen así, la cooperación entre estados con la finalidad de promover mecanismos y posibles soluciones que aporten en la reducción de este flagelo de gran dimensión.

Ante la necesidad del país de generar una política clara y unificada en materia de compras y contratación pública, se expidió el Decreto 4170 de 2011, norma a través de la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente como ente rector, que es una unidad administrativa espacial, la cual tiene como objetivo desarrollar e impulsar las políticas públicas, para regular y orientar a los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, para de esta forma conseguir una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Dentro de los objetivos se encuentra el desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, los planes, normas, instrumentos y herramientas que faciliten todo el proceso de compras y contratación pública de las entidades del Estado, promoviendo las mejores prácticas en el proceso de adquisición, para de esta forma cumplir los principios y procesos generales, que caracterizan y regulan la actividad contractual de las entidades públicas.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con su organización y administración, estructura de la entidad, funciones de la Agencia y de cada dependencia, adopción de la planta de personal y trasferencia de archivos. todo con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos sean bien distribuidos contribuyendo así a la transparencia en las compras y la contratación pública y a combatir la corrupción.

El presente decreto es reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, la que a su vez es una norma de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra la corrupción, orientada a fortalecer la efectividad del control de la gestión pública.

Para tal fin el decreto implementa la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; de igual forma establece los estándares que deben cumplir las entidades para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que en toda entidad pública debe existir una dependencia encargada de recibir y tramitar las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y estén relacionadas con el cumplimiento misional de la entidad, para lo cual le compete al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar, hacerle seguimiento a la estrategia.

El decreto 1784 de 2019, por el cual se modifica el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se constituye en una norma de gran relevancia para la organización y el funcionamiento de los órganos del estado, siendo el Departamento Administrativo de la Presidencia el más visible dentro de la organización del estado por asistir al Presidente de la República en calidad de jefe de estado y suprema autoridad administrativa, para lo cual en el mencionado decreto se determina el objeto, naturaleza y estructura, así como las funciones generales, encaminadas a fortalecer las funciones de articulación con las demás entidades del estado.

Tiene especial relevancia en este artículo la creación en su artículo 13 de la Secretaría de Transparencia, dependencia que tiene dentro de sus funciones principales, asesorar y asistir al Presidente, Vicepresidente, y al Jefe de Gabinete en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, coordinando su implementación y fijando las estrategias e implementación de indicadores de transparencia de las demás entidades de la administración pública. Así mismo compete a esta dependencia coordinar la implementación de compromisos adquiridos por Colombia en las convenciones e instrumentos internacionales sobre la lucha contra la corrupción. Así mismo fomentar la coordinación interinstitucional con las diferentes ramas del poder público y órganos de control para la ejecución de políticas de transparencia, elaborar los proyectos de ley o actos legislativos que someta el gobierno al congreso de la república en esta materia y en general elaborar estudios, indicadores y demás instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción.

Decreto gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, como quiera que modifique el Decreto 1081 de 2015 – Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la República, en lo que hace referencia a las Comisiones Regionales de Moralización.

Lo anterior en consideración a que en la Ley 1474 de 2011, norma orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, dispuso en el artículo 65 de la misma, que en cada departamento se instalará una Comisión Regional’ de Moralización, encargadas de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y de coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, reglamentando el objeto, la composición, funciones y demás aspectos para su funcionamiento.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción orientada a fortalecer la transparencia en el tema de contratación pública. Se tratan aspectos relevantes como la fijación de un Plan Anual de Adquisiciones dentro de las entidades, lo cual permite la publicidad de los gastos y así mismo que los procesos de contratación y adquisición de bienes o servicios sean transparentes.

Dentro de sus principales aspectos, además de reglamentar el sistema de compra y contratación de las entidades, establece que las entidades estatales deben procurar el logro de los objetivos de dicho sistema, definidos por Colombia Compra Eficiente, así mismo se debe justificar mediante acto administrativo la modalidad de contratación directa, la posibilidad de utilizar el mecanismo de subasta inversa en los procesos de licitación pública, el plan anual de adquisiciones y el registro único de proponentes entre otras novedades

La norma en cuestión evita que los dineros públicos sean destinados arbitraria e indebidamente pues está dirigida a optimizar los procesos de contratación de las entidades, con el fin de que los dineros y recursos públicos utilizados sean aprovechados de manera eficiente y de esta forma se cumplan los objetivos de las entidades y los fines del estado.

Decreto que en particular no creo ninguna medida o disposición para la prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, sin embargo, corrigió algunos yerros existentes en la Ley 1472 de 2014, “Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

El Decreto 1185 de 2021 es una norma reciente, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los organismos del Estado, en particular está relacionado con la modificación de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Su importancia radica en que dicha modificación se realiza con base a lo estipulado en el Decreto 371 de 2021, el cual establece el Plan de Austeridad del Gasto durante la vigencia de 2021, como quiera que ha sido un propósito de este Gobierno efectuar una política de austeridad con eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, austeridad que debe predominar y debe ser impuesta en todos los órganos y entidades que hacen Parte del presupuesto general de la Nación, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción en el tema de nóminas paralelas y cargos innecesarios en la ´planta de personal, no solo en el Departamento Administrativo de la Presidencia, sino además en los diferentes niveles de la organización estatal.